Las sociedades en las cuales están fuertemente cuestionados los principios democráticos por los excesos del ejercicio del poder, sin regulación bajo parámetros y formas subordinadas al Estado de Derecho y sin contrapesos institucionales, los procesos de legitimación popular de autoridades e instituciones políticas como mecanismos regulares de todo régimen democrático son percibidos como meros actos decorativos e incluso, procedimientos para aceitar una estructura autocrática en detrimento de la institucionalidad democrática.

Dicha percepción surge, entre otras cosas, por la sensación generalizada de los miembros de una entidad política determinada de que todo ejercicio o expresión popular y de civilidad que articule auténticamente la voluntad de la ciudadanía – esté o no en contra de los intereses de la estructura gobernante - tiene poca, nula o ninguna incidencia real en la dinámica política y en sus actividades diarias, pero sí un alto costo en la integridad de quienes la desafían. De tal modo que en estas sociedades la participación política se ve reducida por el temor al castigo, por la desconfianza a las instituciones y por la necesidad de apartarse del debate público al estar controlado por la agenda del partido o cúpula gobernante. Este proceso es uno de los elementos causantes del fenómeno de la "desafección política" que desmoviliza y fragmenta a la sociedad, alejándola de los asuntos públicos mientras que va fortaleciendo a la estructura de poder de forma desproporcional, por lo cual, la participación política a través del voto queda en un segundo plano.

El ejercicio del sufragio es, intrínsecamente, el acto por excelencia que no puede ser delegado, entregado o arrebatado a las personas ya que expresa en sí mismo una posición que define y configura la forma de ver y entender la política de quién lo ejerce, por lo cual, es una expresión de responsabilidad cívica desde el individuo hacia sociedad. Existen países, como Argentina, que no votar es sancionado por la ley, por lo cual, no solo es un derecho, sino una obligación. En Colombia, dan la oportunidad del voto blanco, que expresa la inconformidad y disenso del elector con la oferta electoral, promoviendo la protección de la libertad del elector al ejercerlo. Como sea, el voto como derecho político y expresión de civilidad debe ser protegido y promovido no sólo por el estamento político sino por la ciudadanía en su conjunto.

En los regímenes con democracias débiles o autoritarios, el sistema de partidos se reduce al limitarse la libertad de expresión por diversos motivos, siendo perjudicial ya que los partidos políticos son organizaciones que fortalecen la democracia al dinamizar el voto por la promoción constante de ofertas electorales, por lo cual, si un régimen político determinado constriñe el sistema de partidos, directamente afecta el ejercicio del sufragio, en consecuencia, la ciudadanía ya no puede ejercer su derecho al sufragio o no vota por una oferta o ideas de una organización política sino por una persona que represente una suerte de salvador o vengador político, mayormente sin profundizar en ideas o proyectos que promueva la persona sino privilegiando sus habilidades individuales, por lo cual, en la mayoría de los casos, conlleva a que los espacios de deliberación y debates se conviertan en plataformas de asedio y etiquetas personales, de manera que el ejercicio del voto como responsabilidad ciudadana y expresión política es la única herramienta con que cuenta un demócrata para promover y hacer valer las libertades políticas, aún cuando el mismo sea instrumentalizado desde el poder, cuidando los espacios de deliberación de ideas sumidos en centros de ataques personales y asedio desproporcionados desvirtuando el ejercicio propio de la política.