En abril de 2024 el gobierno nacional presidido por Nicolás Maduro tendrá dos escenarios que podrían condicionar su agenda política centrada exclusivamente en su objetivo rector de preservar el control gubernamental y su reposicionamiento en la región.

El 8 de abril del año en curso, la administración de Nicolás Maduro deberá decidir si asiste a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para defender su autoridad territorial sobre el Esequibo o si continúa desconociendo su jurisdicción sobre la controversia como señala la narrativa oficial tras el mandato del referendo consultivo del 03 de diciembre de 2023. La cita con la CIJ tiene como objetivo la presentación de la contramemoria, que es un documento que detalla las pruebas desde el punto de vista venezolano sobre lo argumentado por Guyana, específicamente referidos al Laudo Arbitral de París. Si el gobierno venezolano no presenta la contramemoria, el juicio sobre el Esequibo continuará y los jueces tendrían que considerar la perspectiva venezolana sobre la disputa para tomar una decisión, lo que podría ser beneficioso para Guyana por la ausencia de representantes venezolanos. De no presentarse Venezuela ante la Corte, es muy probable que la CIJ falle a favor de Guyana. No obstante, de forma fáctica no cambiaría la realidad sobre la controversia ya que Venezuela continuaría el curso de su defensa por los medios que considera legítimos.

En otro orden, el gobierno de Maduro tiene hasta el 18 de abril de 2024 para habilitar a María Corina Machado y a Henrique Capriles, ya que ese día finaliza el alivio de las sanciones al petróleo y gas venezolano, por lo cual, de acuerdo a la narrativa oficial del gobierno de Biden, podrían revertirse en caso de que Maduro incumpla con lo acordado en Barbados.

Todo esto reforzaría la narrativa interna del sector oficial en relación a la unidad nacional ordenado en dos ejes temáticos que se conectarían entre sí:

1. La Defensa del Esequibo, agrupando a todo el sector opositor incómodo para el gobierno como alineados con los intereses de Guyana y EE.UU. sobre la disputa por el Esequibo.
   
   
2. Recrudecer el asedio político hacia el sector opositor alineado a María Corina Machado ya que, debido a su inhabilitación, EE.UU. volvió a sancionar a Venezuela.

Las negociaciones directas entre EE.UU. y Maduro son claves y necesarias para promover una desescalada en las relaciones entre Washington y Caracas, por lo cual, contar con los buenos oficios de Qatar podría ser beneficioso para los intereses criollos y norteamericanos. La geopolítica y el pragmatismo en dinámicas de Estados podría coadyuvar a disminuir las tensiones internas entre la clase política venezolana.

No obstante, se percibe que la administración de Maduro no ceda en la habilitación de María Corina Machado y Capriles, por lo cual, presionará internamente instrumentalizando el cronograma electoral que está próximo a definirse por la convocatoria realizada por Jorge Rodríguez, para dispersar al universo opositor en torno a la organización de las candidaturas para la elección presidencial. Asimismo, como en años anteriores, el cronograma electoral que se establezca con la iniciativa de Jorge Rodríguez podría ser un elemento a negociar con EE.UU. ya que, establecer una nueva fecha electoral podría ser proyectado por la narrativa del sector oficial venezolano como una muestra de concesiones del chavismo hacia la oposición y la comunidad internacional, es decir, sería un punto negociable pero solo si la fecha de la elección presidencial es antes del proceso electoral presidencial de EE.UU (05 de noviembre). De manera que el gobierno de Maduro buscaría pasar la negociación de “habilitar o no a tales candidatos” a “mover o no la fecha de la elección presidencial”. Esto demostraría que la administración de Maduro estaría dispuesto a asumir, de nuevo, el distanciamiento con países occidentales relevantes en aras de asegurarse el dominio político, instrumentalizando la fecha electoral y la disputa sobre el Esequibo.

Esto pondría a prueba a la administración de Biden ya que, de acuerdo a funcionarios de la Casa Blanca, la orientación de máxima presión hacia Maduro fue descartada, lo que hace que el ‘régimen de sanciones’ tenga ahora un enfoque menos severo. Esto nos permite preguntarnos ¿será un bluf de EE.UU. la amenaza de recrudecer severamente las sanciones energéticas a Venezuela? ¿Extenderá los lapsos al gobierno venezolano? No sería la primera vez que Maduro desmonta un bluf norteamericano, como lo hizo con Trump con la narrativa de “todas las opciones están sobre la mesa”.

La credibilidad de Biden sobre el tratamiento con Maduro está en tela de juicio por sus acciones, ¿el realismo político sobre los intereses económicos de EE.UU. se impondrá sobre el idealismo político en aras de la defensa de los intereses venezolanos? Mientras estas interrogantes están en el ambiente, el fantasma de Trump ronda por los pasillos de la Casa Blanca.