Desde que Donald Trump irrumpió en la política estadounidense, su relación con los medios de comunicación ha sido conflictiva. Actualmente el presidente ha intensificado su ofensiva contra los medios de una forma que preocupa a los defensores de la libertad de prensa. Lo que comenzó como un enfrentamiento retórico con frases como “fake news” y “enemigos del pueblo” ha evolucionado hacia amenazas directas, presiones regulatorias y decisiones ejecutivas que buscan debilitar o silenciar a medios críticos.

En el pasado, Trump ya había acusado a medios como CNN, The New York Times y The Washington Post de difundir información falsa con el único propósito de atacarlo. Sin embargo, ahora ha ido más allá, ha utilizado el poder del gobierno federal para tratar de limitar el alcance y la influencia de ciertas cadenas. Aunque no ha cerrado medios de forma directa, algo que legalmente no puede hacer en un sistema democrático, sí ha promovido un ambiente de intimidación, presionando a través de instituciones como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o mediante amenazas públicas de revocación de licencias, bloqueos de acceso a periodistas, y restricciones presupuestarias.

Uno de los episodios más recientes y alarmantes ocurrió hace unos días, cuando Trump volvió a lanzar ataques públicos contra las cadenas NBC y ABC News. A través de su red social Truth, acusó a ambas de estar completamente parcializadas con el partido Demócrata y afirmó que deberían perder sus licencias por lo que él considera una cobertura “deshonesta” y perjudicial para el país. Incluso fue más allá, sugiriendo que las frecuencias que utilizan deberían ser subastadas, y que los medios que operan en espectros públicos deberían pagar tarifas millonarias como “compensación al pueblo estadounidense”.

Estas declaraciones, aunque simbólicas, tuvieron eco dentro de su administración. La FCC, reactivó quejas y procesos de revisión contra estaciones locales afiliadas a NBC y ABC news, lo que si bien no afecta directamente a las redes nacionales, sí puede generar presión financiera y editorial. Esta táctica, aunque legalmente ambigua, tiene como fin último enviar un mensaje claro: los medios que critiquen a Trump se exponen a consecuencias.

Este patrón no es nuevo. En los últimos meses, Trump también ha retirado el financiamiento federal a medios públicos como NPR y PBS, acusándolos de promover “propaganda progresista”. Además, la Casa Blanca ha excluido a ciertos periodistas de conferencias, ha limitado el acceso de agencias como Associated Press a eventos presidenciales, y ha alentado demandas judiciales contra reporteros y analistas políticos.

El maltrato directo a periodistas también ha escalado. En numerosas apariciones públicas, Trump ha interrumpido reportes en vivo, se ha negado a responder preguntas “incómodas” y ha deslegitimado el trabajo de comunicadores con burlas, apodos o ataques personales. Este comportamiento no solo busca desmoralizar al gremio periodístico, sino también moldear la opinión pública en contra de quienes investigan y denuncian irregularidades.

Detrás de esta ofensiva hay una estrategia clara, desacreditar las fuentes de información que no controlan su narrativa. Al convertir la crítica en una amenaza, Trump intenta consolidar un espacio mediático propio, dominado por aliados, donde el discurso político se alinee con su visión y no se cuestione su poder. Esta dinámica erosiona los principios básicos del periodismo y debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, la libertad de prensa.

En tiempos donde la desinformación y la polarización están al alza, los ataques sistemáticos del presidente a los medios no pueden ser tomados a la ligera. Aunque por ahora las instituciones resisten, el riesgo de una prensa autocensurada, temerosa o debilitada es real. Defender la independencia informativa no es solo una causa del gremio periodístico, sino una responsabilidad colectiva para proteger la verdad y preservar el derecho del público a estar informado.