El argumento antidrogas pierde solidez al revisar los datos. Estados Unidos despliega más de 5.000 marines en el Caribe, una de las zonas más vigiladas del mundo, mientras deja en segundo plano el Pacífico, por donde circula alrededor del 90% del narcotráfico regional. Además, Venezuela no posee cultivos de coca, a diferencia de Colombia, el mayor productor mundial.

Tampoco la escala de la operación parece lógica: demasiado grande para una simple interdicción de drogas, pero insuficiente para una intervención convencional. Como contraste, la invasión de Irak en 2003 necesitó más de 150.000 soldados desplegados durante años.

Estas contradicciones evidencian que la guerra contra las drogas es más una coartada política que una verdadera razón operativa, y que el verdadero objetivo se sitúa en el terreno de la presión psicológica y estratégica.

La primera lectura posible se relaciona con la política doméstica estadounidense. El despliegue militar ocurre en un período cercano a las elecciones de medio término, en las cuales se renueva el Congreso. En este escenario, la administración de Donald Trump podría haber utilizado la operación como una herramienta para reforzar la narrativa de firmeza frente a actores percibidos como hostiles en América Latina y que dan respaldo político electoral en el electorado latino.

Particularmente, esta medida puede interpretarse como una estrategia orientada a reconectar con el voto latino en estados clave como Florida. Este electorado, sensible a las políticas migratorias y a la posición estadounidense frente a gobiernos como el cubano y el venezolano, constituye un bloque estratégico en la competencia electoral. Así, figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, ex congresista de Florida, ha promovido históricamente una línea dura hacia Caracas y La Habana, lo que beneficia tanto a la propia base electoral del bloque republicano que representa la voz latina como a candidatos republicanos que buscan reelegirse en distritos con alta presencia de exiliados cubanos y venezolanos. En consecuencia, el despliegue militar no puede entenderse de forma aislada: se inserta en un marco de instrumentalización de la política exterior para obtener réditos electorales internos.

Una segunda hipótesis apunta a la dimensión coercitiva de la política exterior estadounidense. El envío de buques de guerra constituye una demostración de fuerza que busca proyectar capacidad de intervención en la región. Al mismo tiempo, ejerce presión psicológica y política sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en un intento por generar tensiones internas que propicien fracturas dentro de las Fuerzas Armadas o en la élite política chavista.

La respuesta del gobierno venezolano, al movilizar a 4,5 millones de milicianos, refleja la percepción de amenaza y la necesidad de cohesión interna frente a una posible agresión. Sin embargo, esta reacción también puede contribuir a fortalecer la narrativa antiimperialista de Maduro, dificultando el objetivo estadounidense de propiciar un cambio político mediante la intimidación.

Un tercer ángulo analítico es el uso del despliegue como instrumento de presión negociadora. Al enmarcar a Maduro en el discurso de “narco dictador” y vincular a su gobierno con el crimen organizado, Washington amplía el margen de criminalización diplomática. Esta estrategia convierte al combate antinarcóticos en una carta de negociación: la amenaza militar y judicial sirve para condicionar conversaciones futuras sobre otros temas de interés estratégico, como el acceso a recursos energéticos, la apertura política o la alineación en foros internacionales. En este sentido, la acción militar no necesariamente apunta a un desenlace bélico inmediato, sino a la acumulación de fichas en un tablero de negociación más amplio.

Finalmente, el despliegue puede tener un impacto indirecto en la dinámica de la oposición venezolana. La figura de María Corina Machado, cuyo liderazgo ha atravesado fases de desgaste y cuestionamiento ya que, al no “cobrar” ni generar el cambio político con el que emocionó a un sector opositor, su perdida de popularidad, que fue inevitable, podría verse reforzada en la medida en que Estados Unidos mantenga una política de presión activa contra Maduro. La narrativa que proyecta de respaldo internacional buscaría, en teoría, fortalecer el papel de ella como interlocutora legítima ante la comunidad internacional, lo que le otorga un margen renovado de visibilidad política en el entorno digital.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe no puede entenderse únicamente bajo el prisma del narcotráfico. Responde más bien a una estrategia que responde a varias motivaciones: asegurar apoyos electorales internos, ejercer presión psicológica sobre Caracas, acumular cartas de negociación y sostener liderazgos opositores en decadencia. Al mismo tiempo, reafirma la pretensión de Washington de mantener su control sobre el Caribe como parte de su área de influencia histórica, en un momento de creciente competencia con potencias como Rusia y China.

Sin embargo, la operación revela también las limitaciones estructurales del poder estadounidense en la era multipolar. El desajuste entre medios y fines, la debilidad de la narrativa antidrogas y el rechazo mayoritario de la población venezolana a la idea de un gobierno en colapso (78% la rechaza frente a 12% que la acepta, según Monitor País) evidencian que se trata más de una guerra psicológica que de una estrategia efectiva de cambio.

En última instancia, el trasfondo del despliegue confirma que Venezuela sigue siendo un punto neurálgico en la agenda estratégica de Washington y que la política exterior estadounidense continúa siendo utilizada como instrumento de poder al servicio de coyunturas internas y disputas geopolíticas globales.