La política peruana parece vivir en estado permanente de crisis. En apenas una década, el país ha visto pasar por el poder a ocho presidentes. El último en asumir, José Jerí, fue nombrado presidente interino el pasado viernes tras la destitución de Dina Boluarte. Este nivel de rotación no es común ni sostenible, y responde a una combinación de factores políticos, institucionales y sociales que han ido debilitando la estabilidad democrática del país.

Para entender mejor esta realidad, vale la pena recordar a esos ocho mandatarios que han ocupado la presidencia en este tiempo: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora José Jerí. Cada uno enfrentó desafíos complejos, y la mayoría terminó su mandato de manera abrupta, ya sea por renuncias, destituciones o crisis políticas, reflejando un sistema en constante tensión.

Uno de los principales responsables de esta inestabilidad es el Congreso. En Perú, la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” se ha convertido en un arma política. Este concepto, amplio y ambiguo, ha sido usado por el Legislativo para destituir presidentes con los que mantiene conflictos. Más que una herramienta excepcional, se ha vuelto parte del juego de poder cotidiano.

Además, la corrupción es un mal recurrente en la política peruana. Varios expresidentes han enfrentado investigaciones, detenciones o procesos judiciales. Esa constante alimenta el rechazo ciudadano y mina la legitimidad de quienes gobiernan. La presidencia de Boluarte, por ejemplo, terminó con una aprobación bajísima y denuncias por irregularidades, lo que facilitó su salida.

Otro factor clave es la debilidad de los partidos políticos. No hay estructuras sólidas ni proyectos a largo plazo. La mayoría de los presidentes recientes llegaron al poder sin un respaldo congresal firme, lo que los dejó expuestos ante una oposición hostil. Esa falta de gobernabilidad facilita las crisis y paraliza la toma de decisiones.

A esto se suma una sociedad cansada. Las protestas, el descontento social y el desencanto con la clase política son permanentes. Cuando la calle habla, el sistema tiembla. En ese contexto, cualquier escándalo o error se transforma rápidamente en una crisis de Estado.

La llegada de José Jerí es solo el episodio más reciente de este ciclo. Juró como presidente interino sin vicepresidente que lo respalde, en medio de tensiones políticas y una ciudadanía en alerta. Tiene por delante el reto de calmar las aguas hasta las elecciones de abril de 2026, pero lo hará desde una posición débil y con un Congreso tan impredecible como siempre.

Perú no cambia de presidente porque quiera, sino porque su sistema político, tal como está hoy, no garantiza estabilidad. Mientras no se reforme el equilibrio entre poderes, se combata de forma real la corrupción y se fortalezca la institucionalidad, los cambios seguirán siendo frecuentes y el futuro, incierto.