Desde 2016, el Perú ha experimentado una rotación excepcional de presidentes, con al menos ocho mandatarios en menos de una década si se incluyen los gobiernos interinos. Este ciclo se inicia con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y continúa con las presidencias de Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y sus sucesores interinos.

Más que una anomalía coyuntural, esta inestabilidad responde a un arreglo institucional que incentiva la confrontación entre poderes. La figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, junto con amplias facultades de censura ministerial, ha sido utilizada de manera recurrente por un Congreso fragmentado. En ausencia de mayorías estables, el Legislativo se ha convertido en un actor con capacidad de veto constante, erosionando la continuidad de las políticas públicas.

El resultado es un equilibrio precario caracterizado por ejecutivos débiles, alta rotación ministerial y baja capacidad de implementación. En este contexto, las elecciones de 2026 adquieren un carácter plebiscitario: más que elegir un programa de gobierno, los votantes parecen evaluar la viabilidad misma del sistema político.

      2. Fragmentación electoral y debilidad del mandato

 El sistema electoral peruano, que exige mayoría absoluta para ganar en primera vuelta, amplifica los efectos de un sistema de partidos atomizado. Con más de treinta candidaturas competitivas y niveles elevados de voto blanco y nulo, la probabilidad de una definición en primera vuelta es prácticamente inexistente.

Las encuestas más recientes sitúan a Keiko Fujimori en el primer lugar con entre 15 % y 18 %, seguida por Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga en un empate técnico. Sin embargo, la volatilidad del electorado y el peso de los indecisos dificultan cualquier proyección concluyente.

Este patrón sugiere que el próximo presidente será elegido con un respaldo inicial limitado y mediante alianzas de segunda vuelta esencialmente instrumentales. La experiencia reciente muestra que estas coaliciones carecen de cohesión programática, lo que se traduce en gobiernos con baja capacidad de coordinación con el Congreso. En otras palabras, la fragmentación electoral no solo afecta la competencia, también podría la gobernabilidad posterior.

      3. Fujimorismo y polarización persistente 

La candidatura de Keiko Fujimori, por cuarta vez consecutiva (2011, 2016, 2021 y 2026), constituye un elemento central para entender la dinámica política peruana. Su permanencia en la contienda refleja la resiliencia del fujimorismo como identidad política, con una base electoral relativamente estable. Asimismo, podría verse como expresión de una crisis de liderazgo y de proyecto político donde los existentes tiene poco alcance o escaso margen de crecimiento sostenido en la dinámica electoral – institucional.

No obstante, su figura también cristaliza una división estructural. Para un sector del electorado, representa orden, estabilidad y capacidad de decisión; para otro, encarna un legado autoritario asociado al régimen de los años noventa. Esta polarización no ha disminuido con el tiempo, sino que se ha reconfigurado en un contexto de creciente inseguridad y desconfianza institucional.

El caso de Fujimori ilustra la dificultad de los sistemas democráticos para procesar herencias autoritarias dentro de reglas competitivas, especialmente cuando estas corrientes conservan arraigo social significativo.

      4. Migración venezolana y debates de seguridad y orden público 

Un rasgo distintivo de la campaña de 2026 es la centralidad del tema migratorio. Perú alberga a más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos, convirtiéndose en uno de los principales destinos de la diáspora regional. En un contexto de deterioro de la seguridad ciudadana, diversos candidatos han incorporado propuestas de control migratorio más estricta (al estilo de Kast en Chile).

Entre ellas, destaca la retórica de deportación inmediata de migrantes en situación irregular, promovida con particular énfasis por Rafael López Aliaga. Este tipo de discurso establece una asociación directa entre migración y criminalidad, pese a la ausencia de evidencia concluyente que respalde una relación causal robusta.

Más allá de su viabilidad jurídica, limitada por compromisos internacionales como el principio de no devolución, estas propuestas revelan un proceso de predominancia en materia de seguridad y orden público asociado al fenómeno migratorio. La migración venezolana se convierte así en un recurso discursivo que canaliza demandas de orden en un contexto de debilidad estatal.

Este fenómeno no es exclusivo del Perú, sino que se inscribe en una tendencia regional donde crisis de seguridad y gobernabilidad son reinterpretadas a través del prisma migratorio, con implicaciones potenciales para la cohesión social y los derechos humanos.

Las elecciones de 2026 se desarrollan en un entorno de estrés institucional acumulado. La combinación de inestabilidad ejecutiva, fragmentación partidaria y polarización temática sugiere que el próximo gobierno podría enfrentar restricciones desde su inicio.

Lejos de constituir un punto de inflexión automático, el proceso electoral podría reproducir las condiciones que han definido la política peruana en la última década: gobiernos débiles, confrontación interinstitucional y baja capacidad de respuesta estatal. En este sentido, el desafío no es únicamente electoral, sino estructural. Sin reformas orientadas a redefinir el equilibrio entre poderes, fortalecer los partidos políticos y reconstruir la confianza ciudadana, la inestabilidad seguirá siendo un rasgo persistente. El riesgo no es simplemente la continuidad de la crisis, sino su normalización como forma de funcionamiento del sistema político peruano.