El 4 de agosto de 2025, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, marcando un nuevo capítulo en las tensiones políticas y judiciales del país. Esta decisión, emitida por el juez Alexandre de Moraes, responde a la necesidad de controlar las actividades del líder ultraderechista, quien enfrenta un juicio por supuestamente liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro fue condenado a arresto domiciliario debido al presunto incumplimiento de medidas cautelares impuestas previamente. Estas incluían el uso de una tobillera electrónica, restricciones de movimiento y la prohibición de usar redes sociales, directa o indirectamente. El juez Moraes determinó que Bolsonaro violó estas restricciones al difundir mensajes a través de las cuentas de sus aliados y familiares, incluidos sus hijos, quienes también hacen política, durante recientes manifestaciones a su favor. Estos mensajes, según la resolución judicial, buscaban presionar al Tribunal Supremo y obstruir la justicia, justificando la medida más estricta de arresto domiciliario.

La investigación contra Bolsonaro se centra en su presunta participación en una conspiración para anular los resultados electorales de 2022. El pasado mes, se le impusieron las medidas cautelares, pero su supuesta actividad reciente llevó a la ejecución de un registro en su residencia en Brasilia, donde la Policía Federal confiscó sus teléfonos móviles y otros dispositivos. Además, se le prohibió recibir visitas, salvo las de su familia inmediata y abogados.

La defensa de Bolsonaro argumenta que el expresidente no cometió ningún delito y que un simple saludo a los manifestantes no viola las restricciones, planeando un recurso para revertir la medida. Sus seguidores han protestado en varias ciudades, denunciando persecución política. Internacionalmente, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños y sancionó a Moraes, calificando el caso como una "cacería de brujas", lo que ha escalado las tensiones diplomáticas.

Esta sentencia convierte a Bolsonaro en el cuarto expresidente brasileño detenido desde 1985. Si es encontrado culpable de golpismo, podría enfrentar hasta 40 años de prisión y una inhabilitación permanente para cargos públicos. Su base de apoyo sigue activa, y algunos aliados promueven una amnistía para los eventos del 8 de enero de 2023.

El arresto domiciliario podría limitar la influencia de Bolsonaro de cara a las elecciones de 2026, aunque no descarta su candidatura. La polarización en Brasil y las repercusiones internacionales continúan creciendo, reflejando los desafíos de justicia y democracia en el país.