Alexandre de Moraes se convirtió en una figura central en la política brasileña en 2016, cuando la presidenta izquierdista Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político, un proceso que sectores de la izquierda y movimientos sociales calificaron como un golpe de Estado orquestado por el entonces vicepresidente Michel Temer. Al asumir la presidencia, Temer nombró a Moraes como ministro de Justicia, un rol en el que adoptó una postura inflexible frente a las protestas contra el impeachment. Moraes describió estas manifestaciones como "actos de guerrilla" y prometió medidas enérgicas para evitar que los manifestantes interrumpieran la circulación de vehículos, lo que le valió el apodo de "pitbull de Temer" en una columna del diario brasileño Valor. Su estilo directo y su disposición a confrontar generaron tanto apoyo como críticas, consolidándolo como una figura polarizante desde sus primeros pasos en la escena nacional.

Antes de su incursión en la política nacional, Moraes tuvo una trayectoria destacada en São Paulo. Tras recibirse como abogado, trabajó como fiscal y ocupó diversos cargos públicos. Entre 2014 y 2016, bajo el gobierno del entonces gobernador Geraldo Alckmin, hoy vicepresidente de Brasil, fue secretario de Seguridad del estado más poblado del país, liderando una de las fuerzas policiales más letales de Brasil. Durante su gestión, implementó políticas de seguridad de mano dura, que generaron controversia por su eficacia cuestionable y el alto número de víctimas fatales en operaciones policiales. En ese entonces, tanto Moraes como Alckmin pertenecían al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroderecha, aunque Moraes se desafiliaría del partido en 2017, antes de asumir como ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), en cumplimiento de la prohibición constitucional que impide a los jueces participar en actividades político-partidarias.

En el STF, Moraes ha desempeñado un papel protagónico, liderando investigaciones contra figuras asociadas al expresidente Jair Bolsonaro, acusadas de atentar contra las instituciones democráticas. Con poderes especiales otorgados por la propia justicia, Moraes ha impulsado medidas drásticas, como la suspensión de cuentas en redes sociales, detenciones y otras acciones justificadas como necesarias para proteger la democracia. Sin embargo, estas decisiones han generado críticas de medios brasileños e internacionales, que advierten sobre posibles excesos que podrían limitar la libertad de expresión. Algunos analistas señalan que el STF, bajo la influencia de Moraes, actúa simultáneamente como fiscal, juez y, en ciertos casos, víctima, dado que un supuesto complot golpista investigado incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Alckmin y al propio Moraes.

Uno de los episodios más notorios de su carrera fue su enfrentamiento con Elon Musk, dueño de X y Starlink. En 2024, tras ordenar el cierre de cuentas bolsonaristas en X, Musk lo acusó de censura y exigió su renuncia o destitución, desatando una batalla pública. Moraes respondió con firmeza, ordenando la prohibición temporal de X en Brasil y el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a Starlink. Esta presión llevó a Musk a ceder, aceptando las órdenes y pagando las multas impuestas. El episodio intensificó el debate sobre el equilibrio entre la defensa de la democracia y la libertad de expresión, con críticos argumentando que Moraes podría estar excediendo sus atribuciones. No obstante, su exprofesor y colega en la facultad de Derecho, Reale Júnior, sostiene que, aunque Moraes puede mostrar un "rigor exagerado" en ocasiones, sus decisiones suelen estar bien fundamentadas y cuentan con el respaldo mayoritario del STF, reflejo de su formación como fiscal, que le confiere una perspectiva acusatoria.

Actualmente, Moraes enfrenta el mayor desafío de su carrera, presidir el juicio contra Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El proceso, que está en su etapa final, podría resultar en una condena de más de 40 años de prisión para el expresidente, quien rechaza las acusaciones y las califica como una persecución política. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos y cercano al gobierno de Donald Trump, celebró las sanciones impuestas por Washington contra Moraes como "históricas". Por su parte, el presidente Lula ha defendido la independencia del STF, acusando a los Bolsonaro de traición y a Trump de intentar interferir en la soberanía brasileña. En respuesta a las presiones, Moraes ha mantenido su postura inflexible, ordenando medidas como la colocación de una tobillera electrónica a Bolsonaro por riesgo de fuga. Con las sanciones de EEUU y la creciente tensión internacional, el próximo movimiento de Moraes será crucial en este enfrentamiento que combina política, justicia y relaciones diplomáticas.