El órgano judicial ha estimado como corroborado la hipótesis de que hubo un "direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia" por parte del expresidente en favor de la pareja de su secretaria, describiendo un vínculo tanto personal como profesional con el mismo.

La decisión llegó después de que, en septiembre, la Fiscalía solicitara la revocación del procesamiento, argumentando la falta de pruebas y testimonios suficientes, como la declaración de funcionarios del gobierno de Fernández.

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