Durante el reciente debate sobre el informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la representación de Venezuela volvió a generar controversia al desvincular al Estado de la crisis migratoria que afecta al país.

La representante del gobierno venezolano ante el organismo, Marisela Del Valle Rojas Garmendia, rechazó las narrativas que criminalizan la migración o la presentan como una “amenaza a la seguridad”. En su intervención, sostuvo que el fenómeno migratorio responde a dinámicas socioeconómicas globales y a presiones externas.

"La migración es, ante todo, una consecuencia de las persistentes desigualdades entre el norte y el sur global, de la falta de oportunidades de desarrollo y de factores externos como la aplicación de las ilegales medidas coercitivas unilaterales", afirmó.

La funcionaria insistió en que las sanciones económicas constituyen un elemento central en el origen del éxodo venezolano, posición que forma parte del discurso oficial del Estado ante foros internacionales.

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