Vladimir Arévalo Chávez, alias “Vampiro”, líder de la pandilla transnacional MS-13, fue arrestado en EEUU en 2023 pero sus cargos fueron retirados meses después por “motivos de seguridad nacional” para enviarlo a El Salvador. Esta decisión está ligada a un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, donde El Salvador aceptó recibir a más de 200 migrantes deportados a una prisión para terroristas, mientras EEUU pagó millones y obtuvo la devolución de líderes de la MS-13.

Aunque formalmente estos líderes enfrentarían justicia en El Salvador, fiscales estadounidenses han recopilado evidencia de un pacto corrupto entre Bukele y la MS-13. Según este acuerdo, la pandilla reduciría la violencia y brindaría apoyo político a Bukele a cambio de privilegios y beneficios carcelarios para sus miembros. Este pacto ha socavado investigaciones estadounidenses, debilitando la lucha contra la MS-13 y poniendo en riesgo la persecución de altos mandos.

La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, creada para desmantelar a la MS-13, descubrió desde 2020 reuniones secretas entre funcionarios salvadoreños y la pandilla, incluyendo la supuesta protección de cabecillas para evitar extradiciones. Un actor clave en esta trama fue Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia de El Salvador, quien se acercó a la Embajada de EEUU para testificar sobre el pacto a cambio de solicitar asilo con condiciones especiales.

Luna proporcionó pruebas, como imágenes que mostraban a líderes de la MS-13 reuniéndose en prisiones bajo su supervisión. Sin embargo, pese a la gravedad de estas denuncias, Trump mantuvo una relación cercana con Bukele, respaldando públicamente el acuerdo y defendiendo la deportación de pandilleros.

En respuesta a las denuncias, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en 2021 a Luna y a otro funcionario por facilitar la tregua con la pandilla, que incluía el pago de dinero, provisión de celulares y otros beneficios a los pandilleros encarcelados para reducir homicidios y asegurar votos a Bukele.

La comunidad afectada en Long Island teme que la devolución de líderes criminales como Arévalo y César López Larios a El Salvador deje impunes delitos cometidos en EEUU, mientras que los defensores de estos acusados denuncian que la medida busca silenciarlos, exponiéndolos a riesgos graves en su país.

En 2022, Bukele rompió el pacto y lanzó un régimen de excepción con arrestos masivos, aunque esto ha sido criticado por violaciones a derechos humanos. Sin embargo, investigaciones revelan que fondos estadounidenses, destinados a proyectos comunitarios, podrían haber sido desviados para financiar a pandilleros y asegurar su colaboración.

En 2023, tras la devolución de líderes y el desmantelamiento parcial de la Fuerza Vulcan, las investigaciones se han visto frustradas. Los fiscales retiraron cargos sin explicaciones claras, citando razones geopolíticas y de seguridad nacional, lo que ha causado indignación entre defensores de justicia y víctimas.

En resumen, la alianza entre Bukele y la MS-13, filtrada por un alto funcionario penitenciario salvadoreño y evidenciado por sanciones estadounidenses, ha afectado la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, creando un conflicto entre intereses geopolíticos y la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas por la violencia.