Aseguró que dicha ley fue diseñada para aplicarse de forma arbitraria. Al no tener criterios claros, permite al Estado decidir de manera discrecional qué discursos constituyen "odio" y cuáles no, lo que anula la seguridad jurídica y vulnera directamente el derecho a la información de los ciudadanos.

Finalmente, señaló que la propuesta de reforma introducida por Delcy Rodríguez ante el Parlamento es un reconocimiento implícito de las "desviaciones" y el impacto negativo de la ley.

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