El control legislativo —tanto nacional como regional— es crucial en un escenario donde el gobierno de Nicolás Maduro busca consolidar su hegemonía, mientras una oposición fragmentada pero participativa intenta recuperar espacios en un sistema electoral cuestionado. La contienda, dominada más por la movilización partidista que por el voto espontáneo, refleja las profundas divisiones de Venezuela y los desafíos de una democracia bajo escrutinio internacional.

El Partido Socialista Unido de Venezuela, liderado por el recién reelecto presidente Nicolás Maduro, ha diseñado una campaña centrada en la movilización masiva, con 88 eventos nacionales programados para presentar las propuestas de los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB). Esta estrategia busca galvanizar a su base leal, aprovechando la maquinaria partidista para maximizar la participación. El énfasis en los legisladores regionales y de la AN responde a la necesidad de mantener el control legislativo, esencial para aprobar reformas clave, como la proyectada reforma constitucional de 2025, que busca reforzar el modelo chavista. 

Además, el discurso del gobierno promete una "profundización del socialismo" y una recuperación económica, argumentando que Venezuela atraviesa su mejor momento político en años, según declaraciones del presidente Maduro en actos recientes.

La oposición, a pesar de las divisiones, ha optado por participar, lo que marca una ruptura con la línea dura de María Corina Machado, Edmundo González y la PUD, expresando un cambio respecto a boicots anteriores, como en 2020. En tal sentido, encontramos que la oposición se ordena al menos en tres coaliciones:

La Coalición UNT y Unión y Cambio, liderada por figuras como Manuel Rosales y Henrique Capriles, ha presentado candidatos para gobernaciones y la AN, con un enfoque en retener posiciones actuales y expandir su influencia. Buscando la reelección de los gobernadores en ejercicio (Zulia, Barinas, Cojedes y Nueva Esparta) y sumar con la candidatura de Juan Requesens (ex preso político) al estado Miranda que representa simbólicamente un bastión electoral tanto para el gobierno nacional como para la oposición.

Fuerza Vecinal, que se proyecta a sí misma como un referente electoral a nivel regional, enfrenta retos significativos al buscar la reelección de su gobernador en Nueva Esparta quién pareciera ser parte del consenso de grandes sectores opositores y buscar dominar la gobernación de Miranda, siendo esta como una tarea pendiente desde la pasadas elecciones cuando estuvieron a punto de ganarla, siendo ahora su candidato Máximo Sánchez, quién ha sido notable estratega y decisor de Fuerza Vecinal a nivel nacional y quién se ha desempeñado en los últimos años como secretario general del partido, concejal y alcalde encargado de Chacao. Su estrategia parece centrarse en reconstruir su base electoral, aprovechando su experiencia en gobernanza local, con más de 30 alcaldías y una gobernación obtenida en 2021.

En cuanto a la Coalición de la Alianza Democrática, es importante notar que la alianza original no está totalmente vigente, por lo que no participa como tal. No obstante, partidos como Acción Democrática y Copei, a través de sus sectores denominados judicializados (intervenidos por el TSJ), han confirmado su participación. Esto refleja una estrategia de participación electoral pese a las restricciones, con un enfoque en mantener presencia legislativa, aunque enfrentan descrédito por acusaciones de sectores extremista de la oposición quienes lo señalan de asociación con el gobierno en algunos casos. Asimismo, se encuentra los candidatos de Alianza del Lápiz, de Antonio Ecarri quien se lanzó a la gobernación del estado Aragua.

Las elecciones de 2025 serán atípicas debido al llamado a la abstención de Machado y González Urrutia, quienes sostienen que el proceso carece de garantías democráticas. Este discurso resuena en un electorado opositor desencantado, que ve con escepticismo la capacidad de estas elecciones para resolver problemas cotidianos como la inflación, la migración de jóvenes y la recuperación de los servicios públicos. La narrativa opositora nacional, centrada en la confrontación con el gobierno, choca con la necesidad de propuestas locales que conecten con las demandas regionales, lo que podría beneficiar al PSUV, cuya maquinaria electoral está mejor preparada para movilizar votantes. En tal sentido, la contienda estará marcada por la movilización partidista, con un voto espontáneo limitado por la apatía y la desconfianza.

El gobierno enfrenta el desafío de mantener su base en un contexto de asedio económico internacional persistente, mientras la oposición debe superar su fragmentación y la percepción de ineficacia. Para los legisladores regionales y de la AN, el PSUV tiene ventaja por su mayoría institucional, pero la oposición podría ganar terreno en estados como Miranda, Zulia y Nueva Esparta si logra unificar su mensaje y capitalizar el descontento. En este escenario, la campaña electoral no solo definirá el control legislativo, sino también la capacidad de ambos bandos para proyectar un futuro político viable pero que requiere del reencuentro y reconocimiento de todos.