La Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política y reglamentado por las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015. Permite al Presidente de la República someter a votación popular un asunto de interés nacional, el cual debe ser formulado en términos de “sí” o “no”.

Sin embargo, para que esta consulta tenga carácter vinculante, deben cumplirse tres condiciones esenciales:

• Aprobación previa por el Senado, con al menos 53 votos (mayoría absoluta).

• Participación mínima del 33% del censo electoral (alrededor de 13,6 millones de votantes).

• Mayoría afirmativa en la respuesta ciudadana.

Además, el mecanismo tiene limitaciones constitucionales importantes: no puede emplearse para modificar la Constitución ni para incluir textos legislativos detallados. Esta restricción genera un dilema: muchas de las reformas que Petro desea impulsar (como la laboral, la pensional y la de salud) requieren articulación normativa compleja y desarrollo legislativo posterior. Desde su posesión en 2022, el presidente Petro ha enfrentado un Congreso hostil a muchas de sus propuestas. Con la pérdida del respaldo de sectores centristas como el Partido Liberal y el Partido de la U, su coalición ha quedado debilitada, sin capacidad de mayorías estables en el Senado.

Ante el fracaso de sus reformas clave en las comisiones legislativas, Petro ha decidido apelar directamente al pueblo. Lo hizo simbólicamente el 1° de mayo de 2025, en una masiva concentración en la Plaza de Bolívar, donde sostuvo en alto la espada de Simón Bolívar mientras proclamaba que “el poder constituyente está por encima del Congreso”.

Este giro hacia la movilización popular ha estado acompañado por una retórica confrontacional: ha acusado al Legislativo de “traicionar al pueblo”, ha hablado de promover revocatorias de congresistas, y ha insinuado que el Congreso está secuestrado por intereses económicos. El objetivo: presionar al Senado para que apruebe la consulta, incluso a costa de un aumento en la polarización institucional.

La tensión llegó a un punto crítico el 14 de mayo en el momento que el Senado negó la consulta popular cuando se discutía su viabilidad.

La controversia en torno a la consulta popular es, en el fondo, una disputa entre dos modelos de democracia:

• Democracia representativa: en la que el Congreso delibera, modifica y aprueba leyes con base en el mandato recibido por voto popular.

• Democracia participativa: donde se apela directamente a la voluntad ciudadana para decidir, sobre todo cuando las instituciones representativas se perciben como obstruccionistas o capturadas por élites.

Para los defensores de Petro, esta consulta es un acto legítimo de soberanía popular que busca romper el cerco institucional contra las reformas. Para sus críticos, es una maniobra populista de la izquierda que erosiona la separación de poderes, concentra decisiones en el Ejecutivo y debilita los contrapesos democráticos.

El desenlace de esta crisis puede tomar varios caminos, cada uno con profundas consecuencias institucionales:

• Si el Senado rechaza la consulta o la ciudadanía no acude a las urnas (menos del 33%), Petro sufrirá un revés político que puede marcar el declive de su capacidad de gobernar y acentuar su aislamiento.

• Si la consulta es aprobada y obtiene apoyo popular amplio, el Congreso se verá obligado a tramitar bajo presión las reformas exigidas por la ciudadanía, en un ambiente de tensión y legitimidad disputada.

En ambos casos, el sistema político colombiano se enfrenta a una prueba de choque institucional que podría definir las lógicas de las relaciones de poder en el futuro.

La consulta promovida por Petro simboliza la disputa por el poder en Colombia, más allá de lo jurídico o lo electoral. Su resultado final definirá tanto el legado del mandatario y de la izquierda democrática colombiana como el futuro institucional del país.