A partir de este lunes 21 de enero de 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela podrían experimentar un cambio significativo con el inicio del segundo mandato de Donald Trump. 

Durante su primer mandato (20 de enero de 2017-20 de enero de 2021), Trump adoptó una postura de confrontación directa con el gobierno de Nicolás Maduro, implementando sanciones económicas y apoyando a la oposición venezolana, reconociendo como presidente interino a Juan Guaidó. Sin embargo, con su regreso a la Casa Blanca, surge la pregunta de si continuará con esta estrategia de “máxima presión” o adoptará un enfoque más pragmático, considerando los intereses económicos, la seguridad energética y lo relacionado a la migración. Este análisis explorará las posibles dinámicas que podrían surgir en las relaciones bilaterales entre ambos países bajo la administración de Trump.

En líneas generales, de acuerdo a los nombramientos, discursos y pretensiones anunciadas, se prevé que la política exterior de Trump II estará marcada por tensiones y conflictos debido a las líneas que ya ha definido después de haber ganado las elecciones presidenciales. 

Su enfoque estaría orientado a fortalecer la posición de EE.UU. en el sistema internacional (siendo hoy en día una potencia debilitada con profundos problemas internos y de influencia mermada en la arena internacional), buscando proyectar discursivamente una suerte de imagen imperial orientado a la expansión de dominio y obtención de recursos y territorios (caso Groenlandia y Canadá); y condicionamiento /disminución de influencia y beneficios de potencias enemigas sobre territorios o áreas estratégicas (caso Canal de Panamá). Bajo este enfoque, no se proyecta como interés nacional ordenador de EE.UU. intenciones en la instauración / defensa de la democracia en su zona geográfica cercana, razón por la cual “el caso Venezuela” no estaría sobre el foco principal ya que en la intención de “hacer a América grande otra vez” comprende una ecuación en la cual no se prioriza la democracia venezolana, pero sí su petróleo, sin que eso implique un interés ordenador. No obstante, la presencia de Edmundo González Urrutia en la toma de posesión de Trump envía una señal directa a Maduro sobre unas relaciones complejas en las cuales su reconocimiento como presidente legitimo será una piedra de tranca.

 

 

1) Política de máxima presión: que sería una combinación de sanciones más severas hacia personas claves del círculo de poder, eliminación de licencias petroleras con más sanciones financieras, presión diplomática y coordinación con aliados internacionales para aislar aún más a Maduro. De acuerdo a un reciente artículo de Bloomberg, los asesores de Donald Trump están elaborando una estrategia de sanciones de amplio alcance para facilitar un acuerdo diplomático entre Rusia y Ucrania en los próximos meses y, al mismo tiempo, presionar a Irán y Venezuela. “La situación es más compleja en Venezuela, donde Nicolás Maduro acaba de ser investido para otro mandato en medio de pruebas generalizadas de fraude electoral, pero las empresas petroleras estadounidenses como Chevron Corp. también tienen presencia”, reza el texto. 

En este orden, de acuerdo a un análisis de InSight Crime “este enfoque sería liderado por una hipotética influencia predominante de Marco Rubio, un fuerte crítico del gobierno venezolano nominado como próximo secretario de Estado, y Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional que anteriormente apoyó sanciones al régimen de Maduro, y quien se reunió con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia el pasado 6 de enero. La política se caracterizaría por un endurecimiento de las sanciones internacionales. Las medidas incluirían la imposición de nuevas sanciones a funcionarios de alto nivel y sectores clave de la economía venezolana, con especial énfasis en la industria petrolera”. 

 

2) Coexistencia pragmática: considerando el petróleo venezolano como un recurso estratégico y la necesidad de generar condiciones para la recepción de migrantes ilegales venezolanos en suelo estadounidense. En este escenario se prevé la normalización de las relaciones diplomáticas que, no necesariamente implicaría un reconocimiento a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, pero sí como quién detenta la jefatura de Estado. Bajo esta posibilidad es probable una posible estabilización económica en el país ya que no habría eliminación de las licencias petroleras.